Peccata minuta

El acuerdo Slim

A.D.F.

“…¿a fin de mejorar la repartición de la riqueza estarán dispuestos a que se ponga límites a sus privilegios y a la voraz acumulación de dinero?, ¿a que la ley sea pareja para todos?, ¿a competir libremente sin salvaguardas de ninguna especie?...”

Cuando la estabilidad macroeconómica ya no alcanza y existe un enorme vacío de propuestas y acuerdos en torno a objetivos más o menos comunes de parte de los partidos políticos, surge el espacio para que nazcan propuestas como el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo firmado el jueves pasado en el Castillo de Chapultepc.

Junto con el acuerdo firmado el 26 de septiembre por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo al lado de sindicatos y organizaciones ciudadanas afines a formar parte del “gran frente de izquierda”, llamado Coalición Ciudadana Nacional por la Transición Democrática con Justicia y Equidad, se trata de signos de preocupación de grandes sectores que, desde su particular punto de vista, ven al país atrapado por la falta de rumbo para concretar los avances de la democracia electoral en desarrollo y justicia, que desactive el potencial conflicto que significa la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza.

Sin embargo, el acuerdo firmado en el alcázar del Castillo de Chapultepec a convocatoria del hombre más rico de América Latina, Carlos Slim Helú -con una fortuna calculada en los 23 mil 800 millones de dólares según la revista Forbes-, destaca tanto por su visión como por lo que significa en términos políticos.

La influencia de Slim, así como del centenar de los empresarios más ricos de México que acudieron al evento, pone al Acuerdo Nacional para la Unidad en el papel de “mapa de ruta”, la delineación del proyecto de país que ellos quieren independientemente de quien llegue a la presidencia el año entrante.

Se trata de 12 cuartillas que entre decenas de buenos deseos, frases políticamente correctas y lugares comunes, dejan en claro los puntos de referencia que el capital demanda se respete o incrementen para favorecer su función.

Son postulados que por sí mismos no son objetables, pues nadie puede criticar el deseo de garantizar la seguridad física o que el gobierno debe mejorar los servicios públicos, por ejemplo. Sin embargo el Acuerdo Nacional para la Unidad nace desde la visión triangular del capital, es decir, apostar a la punta de la pirámide para su prosperidad (lo que requiere que el gobierno favorezca su operación) y esperar que con ello el bienestar se escurra a la base.

El Acuerdo Nacional para la Unidad no es un programa operativo, sino la descripción del puerto al que el país debe llegar desde el diagnóstico que los hombres del dinero hacen de dónde estamos. Y para movernos hay que hacerlo en barcas separadas: el gobierno a salvaguardar los bienes, la seguridad y a proveer el marco legal adecuado a sus intereses, y el capital a invertir.

Es destacable que el Acuerdo Nacional llame la atención en la necesidad de sumar esfuerzos en torno a proyectos comunes, que reconozca que existen obstáculos que han impedido a México crecer al ritmo de otras naciones e insertarse adecuadamente en la realidad global, pero ¿cuántos de esos obstáculos están ahí precisamente porque los empresarios los han puesto?

El Acuerdo Nacional no menciona qué están dispuestos a sacrificar los hombres del dinero para que el país avance ni qué intereses permitirán que se trastoquen en reformas legales. El ejemplo más claro es que en todo el documento nunca se menciona la necesidad de abrir a la competencia a los medios de información, ni la responsabilidad social que estos tienen.

¿A fin de mejorar la repartición de la riqueza estarán dispuestos a que se ponga límites a sus privilegios y a la voraz acumulación de dinero?, ¿a que la ley sea pareja para todos?, ¿a competir libremente sin salvaguardas de ninguna especie?

El documento –que evita hablar de reformas al Estado-, ignora así mismo la urgente necesidad de integración de los grupos vulnerables o discriminados, y aún así, se presenta como “nosotros, la sociedad civil” cuando en la práctica su representatividad es limitada y el documento nunca fue puesto a discusión como para obtener un producto incluyente a intereses varios.

Del Acuerdo Nacional –que queda así como una clarísima muestra de poder de los empresarios-, hay que celebrar el hincapié en la necesidad de acciones a mediano y largo plazo más allá de los intereses de partido o sexenales y de insistir en mejoras necesarias en diversos campos, empero, para que trascienda deberá superar la etapa de los buenos deseos, ponerse en acción.

Pero de eso a que sea nacional, incluyente y en beneficio de todos…

alfredo.diaz.f@gmail.com

posted by Alfredo Díaz @ 6:06 p.m.