Peccata minuta

A.D.F.
En el lapso de las dos semanas anteriores, Chile revivió el sabor agridulce de la posibilidad de que Augusto Pinochet, el arquetipo de las dictaduras que por décadas azotaron a Latinoamérica y que eran apoyadas, financiadas cuando no impuestas por los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, pudiera ser procesado, en este caso, sólo por nueve desapariciones y un homicidio.
Una vez más la sociedad chilena se dividió entre los partidarios que apoyan al provecto General y aquellos que lo entienden como tal, como la sombra decrépita de un dictador de mano de hierro cuando no de genocida. (Lo que le tenemos es miedo, General, no respeto, leía hace años a una chilena que le escribió a Pinochet cuando aún estaba en el poder).
Una vez más los familiares de los cientos y miles de desaparecidos vieron una posibilidad de justicia y de una investigación que les llevara a encontrar respuesta al paradero de su gente.
Una vez más el juez Juan Guzmán lo intentó, pero…
Una vez más la decepción. La justicia chilena, el juez Guzmán y las miles de personas que claman justicia y respuesta al aún impune régimen de Pinochet, toparon con pared y lo único que se va a sentando como un hecho, es que los responsables de las desapariciones, torturas y homicidios mueren poco a poco sin que se les haya juzgado por sus crímenes, sin que hayan dado la cara al pueblo al que tanto hirieron. Una vez más, una vez más…
El hecho es que a Pinochet lo ha salvado la misma gente a la que él apoyó, sus amigos en los tribunales y en el congreso, los mismos que le mantuvieron su fuero como Senador vitalicio lo más que pudieron y los mismos que con pretextos legales patéticos, rebotan, rechazan y destrozan cualquier intento de la nueva generación de políticos que entienden que el pasado no puede ser enterrado, que el pasado debe ser enfrentado y aclarado.
Situaciones como las de Pinochet son una constante en los procesos de transición que diversos países de América Latina intentamos pasar. En México, el año pasado se estremeció el escenario nacional tan solo con la posibilidad de que el ex presidente Luis Echeverría fuera procesado por la matanza del 2 de octubre de 1968 y por el llamado Halconzazo del jueves de Corpus de 1971 aún sabiendo de antemano que por su edad, no pisaría la cárcel.
Y es que el tema de fondo es que sí hay responsables, sí es un hecho que debe ser aclarado, pero por su misma naturaleza y mecanismos de mando, resulta sumamente peligroso castigarlo.
Las dictaduras de Sudamérica como la dictadura perfecta de México, se pudieron mantener sólo por el inquebrantable binomio Estado – Ejército que se mantiene, además de por las prebendas de poder y económicas, por los principios castrenses más elementales: disciplina y obediencia.
Para bien o para mal, todos los soldados y elementos de las fuerzas del orden que participaron en asesinatos, desapariciones y represión actuaron por obedecer, y castigar esta obediencia es el verdadero meollo del caso.
Cuando se comenzaba a cocinar que era probable que la Fiscalía para los Delitos del Pasado consignara a altos mandos de 1971, los militares se reunieron y manifestaron su preocupación por el castigo.
Ojo, no los eximo por sus actos, a todas luces delincuenciales, sino porque su mecanismo de acción fue la obediencia de las órdenes, so pena de castigo. Así funciona el ejército y sólo así puede ser. De castigarse la obediencia, la seguridad nacional y el futuro de las Fuerzas Armadas están riesgo.
Y sin embargo no podemos dejar que esos delitos queden impunes. Entonces, ¿qué hacer?
Lo que se hizo en Sudáfrica tras el Aparheid pude ser una solución. El enjuiciar a todos los militares que participaron en las la guerra sucia que se identifique con nombre y rostro a los responsables materiales, pero siempre dejando en claro que los hicieron por obedecer órdenes.
Así mismo, los familiares de los desaparecidos, deben entender que el oscuro pasado será resulto sólo con el reconocimiento de los actos y con una disculpa pública, no se pude ya hacer nada más.
No se puede hacer más pues los responsables son ya muy senectos y porque por sus hechos sólo pueden responder los actores intelectuales, aquellos que no se mancharon de sangre las manos, pero los que no obedecieron más que sus ideas y a sus caprichos.
Deben ser juzgados y sentenciados los presidentes y los funcionarios de más alto nivel, esos que decidieron el destino de los disidentes, pero los que no obedecieron a nadie más que a ellos mismos.
Así, Pinochet debe ser detenido, fichado, enjuiciado y sentenciado si así fuera el caso por cada una de las víctimas de su dictadura. Echeverría debe ser detenido, fichado, enjuiciado y sentenciado por su actuación como Secretario de Gobernación en 1968 y como Presidente en 1971. Y misma suerte deberán correr los Secretarios de Estado y funcionarios del más alto nivel, aquellos de las brillantes ideas.
Pero los que sólo obedecieron deben poder dormir tranquilos, sabiendo que cumplieron con la disciplina y obediencia castrense, que cumplieron su trabajo, que los que traicionaron a su país fueron otros.
Si la obediencia se castiga… ¿quién obedecería?

Cóctel
Inauguro esta nueva sección, en la que pondré esas bonitas notas curiosas o chismes de la política que pocas veces no llegan a los titulares pero que nos hacen la vida más pasajera. Tono irónico, sarcástico y socarrón, todas son notas reales, parezcan o no, pero vamos a darles la vuelta. Espero les guste.