Peccata minuta

¿Barrabás o Jesús?

A.D.F.
El deterioro en las convivencia al interior de una sociedad y de ella con sus autoridades, supuestamente emanadas del mismo pueblo, quedaron en vergonzosa evidencia una vez más.
El día de ayer, tres policías del municipio de Teotihuacan, en el Estado de México, fueron detenidos por los habitantes de Santiago Atlaltongo durante más de catorce horas.
El incidente comenzó cuando un grupo de policías judiciales, detuvieron a cinco habitantes del lugar, supuestamente, por arrojar desechos tóxicos en la vía pública.
A esto, los habitantes respondieron deteniendo un grupo de policías. La respuesta del municipio, fue una incursión para rescatar a los detenidos, incursión con irónico resultado, pues rescataron a los judiciales y detuvieron a tres habitantes del lugar, pero perdieron a tres agentes municipales.
Los habitantes de Santiago Atlaltongo demandaban que se les entregara a los primeros detenidos a cambio de los tres agentes detenidos. El fantasma del bárbaro San Juan Ixtayopan apareció nuevamente, amenazando una vez más con imponer la irracionalidad y la ilegalidad escudada en “la masa”.
Por fortuna, si es que hay que buscarle el lado amable al caso de ayer, es que en este caso no se amenazó abiertamente con el linchamiento de los policías pese a que la posibilidad era latente. Sin embargo, lo ocurrido ayer muestra una vez más que la falta de vínculos reales entre las autoridades, en este caso la más cercana que es la municipal, y el pueblo, descompone y desdibuja por completo la concepción de lo que es el Estado de Drecho, la legalidad y, yendo un poco más allá, el Contrato Social bajo el que se rige el comportamiento en sociedad.
El comportamiento de los habitantes de Santiago Atlaltongo denota que para ellos, como lo fue para San Juan Ixtayopan en noviembre, las leyes son negociables y sujetas a interpretación, en primera, porque según ellos, no había razón para la detención de los primeros acusados, y siendo que para ellos, los de Santiago Atlaltongo, no había razón, la ley, la autoridad y la ejecución de ordenes no procede, porque el pueblo así lo decidió.
Luego entonces, se presentan los dos choques, y al más puro estilo anárquico, Santiago Atlaltongo decidió que reteniendo a funcionarios públicos, podía, y puedo, negociar la liberación de los que, presuntamente, habían cometido una falta y debían ser detenidos.
Sin embargo, la falta de autoridades que asuman que su responsabilidad es “guardar y hacer guardar las leyes” y no otra más que esa, y que por su misma investidura están en facultades de emplear la fuerza, permitió que este pueblo se saliera con la suya, y hoy en la madrugada, se cediera a sus demandas.
La ley no se negocia. Repito, la ley no se negocia. Determinar si los detenidos habían o no cometido una falta o un delito, no es atribución ni mía, ni de los habitantes de Santiago Atlaltongo ni de los mismos agentes que los retuvieron. Es responsabilidad de un juez. Y si el ejemplo de ayer es la lógica bajo la que se va a trabajar, en el que la mayoría determina que sí y que no es un delito, quienes sí y quienes no pueden ser detenidos, entonces no estamos acercando a un sistema legal y de convivencia en el que la autoridad dejará su papel y entregará al pueblo la decisión de la aplicación de la justicia; una autoridad que preguntará a quién queremos que nos entregue… ¿Será Jesús o será Barrabás?
Las autoridades que decidieron ceder ante la irracionalidad de Santiago Atlaltongo han cometido un enorme error, pues de ahora en adelante, cualquier localidad que desee rebatir una decisión judicial podrá amagar con retener gente y saber que con ello obtiene lo que desea.
Ante la crecida de estos incidentes cada vez más serios y cada vez más cercanos a la capital del país, es vital que se aplique la fuerza pública para dejar muy en claro: la ley no se negocia. Ayer todo terminó “bien”, pero la próxima, ¿en qué acabará?… ¿acabará?

posted by Alfredo Díaz @ 3:04 p.m.